Desde hace aproximadamente un mes, podemos sentir la presión del final de año. Un furor que nos invade con todo tipo de emociones: nostalgia por lo que pasó, alegría por las fiestas que se avecinan y ansiedad por lo que está por venir. Pero lo más evidente es el caos absoluto que se apodera de la ciudad, amplificado por todo lo que nos rodea y que interrumpe nuestra rutina diaria: un tráfico infernal.
En las últimas semanas, es imposible recorrer más de 300 metros sin toparnos con alguna obra vial, ya sea para el mejoramiento de vías, la instalación de redes de gas o alcantarillado, o la construcción de nuevos edificios que parecen ignorar completamente los parámetros urbanísticos y solo prometen más congestión. Frente a tantas obras, no puedo evitar preguntarme: ¿acaso no existe un plan urbano? ¿Por qué las municipalidades no coordinan las obras para minimizar el impacto vial? ¿Quién supervisa a nivel macro el desarrollo de las obras públicas? ¿Es la Municipalidad de Lima la responsable de este caos o cada municipio tiene total autonomía para actuar por su cuenta? ¿Por qué, justo en plena temporada navideña, se deciden ejecutar todas estas obras al mismo tiempo?
Estas preguntas evidencian una serie de problemas que nos afectan a todos. Recuerdo que, cuando trabajaba como Asociada Inmobiliaria en un Estudio de Abogados, investigué un caso para una inmobiliaria que necesitaba cerrar una calle para instalar un sistema de alcantarillado. La regla era clara: si la obra afectaba a vías principales de carácter metropolitano (como la Av. Javier Prado, Av. Arequipa, la Vía Expresa, entre otras), la jurisdicción era de la Municipalidad de Lima. Si se trataba de vías locales, entonces le correspondía al municipio del distrito.
Lo que he observado en este último mes, mientras atravieso la ciudad, es que la mayoría de las obras afectan vías locales. Esto implica que cada municipio actúa de manera independiente en su distrito, como si hubieran diseñado un plan para generar el caos. ¿Por qué ahora?
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley Nº 28411) establece los principios y responsabilidades en la ejecución del presupuesto público, aplicable a todos los niveles de gobierno, incluidas las municipalidades. Aunque no existe una obligación de ejecutar el presupuesto anual en su totalidad, se espera que la ejecución sea lo más eficiente posible para cumplir con los objetivos propuestos y evitar la percepción de ineficiencia. Un mal manejo del presupuesto podría afectar la asignación de fondos en años futuros y la gestión misma de la municipalidad.
A nivel de gobiernos locales, la Ley de Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso establece que en 2024 se destinarán más de S/ 34,742 millones a las municipalidades, que incluyen gastos corrientes, inversiones públicas y el servicio de deuda. Un aspecto clave es que aquellos recursos no ejecutados de manera eficiente serán reasignados a municipalidades que logren un mejor desempeño, incentivando así una gestión más eficaz.
Tras leer estos párrafos, probablemente estén pensando: "Entonces, ¿las municipalidades están ejecutando obras que no aportan valor, solo para evitar ser vistas como ineficientes?" La respuesta, lamentablemente, es sí. Muchas de estas obras no son necesarias, pero son un reflejo de la lucha por la imagen pública, más que una verdadera preocupación por el bienestar de los ciudadanos.
A pesar de que el presupuesto no tiene que ejecutarse completamente, la falta de ejecución puede traer consecuencias políticas. Ningún alcalde quiere estar en el ojo público, justificando su ineficiencia ante el Congreso. Por eso, a fin de año, todo el presupuesto asignado debe ejecutarse, lo que termina generando el caos. Los municipios, por razones de imagen y para cumplir con objetivos políticos, se apresuran a ejecutar proyectos, muchas veces sin considerar las molestias que generan a los ciudadanos: atascos, ruidos ensordecedores, ansiedad, y el estrés colectivo.
Lo que estamos viviendo es un claro reflejo de la burocracia, el mayor obstáculo para el progreso en el país. La falta de coordinación en la ejecución del presupuesto, sumada a las barreras burocráticas y a la falta de un verdadero plan urbano, exacerba aún más la situación. ¿Sería mejor si las municipalidades tuvieran que comunicar sus planes de obra a una entidad superior como la Municipalidad de Lima? Tal vez. Pero esto también podría agravar la burocracia. Lo que necesitamos es un sistema que supervise y coordine de manera eficiente la ejecución de obras públicas, para evitar el caos que ahora vivimos.
Por ahora, como ciudadanos, lo único que podemos hacer es planificar una hora adicional para los traslados y tomar las precauciones necesarias. Sin embargo, debemos asumir nuestra responsabilidad en las elecciones. Investigar a los candidatos y analizar sus propuestas es crucial para evitar caer en la trampa de pensar que un solo voto no hace diferencia. Si todos pensamos de esa manera, seremos cómplices de nuestras propias desgracias.
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